Crecen denuncias contra preventas; alargan entrega de depas

Al considerar que sólo ha recibido largas y que la desarrolladora que le ofertó la preventa de un departamento ha sido inconsistente en lo que aseguró le prometieron, un comprador alista una demanda civil, e incluso evalúan si puede proceder una denuncia penal, incrementando así la cantidad de litigios por este esquema de venta.  

Se trata del sampetrino, Juan Manuel Rodríguez, quien el 18 de enero de 2020 convino una oferta de compra, es decir preventa, con la empresa Internacional de Inversiones (IDEI) por un departamento en la Torre Kanat, ubicada en Valle Poniente, en Santa Catarina, cuya obra aún no ha sido terminada.
  
En aquel entonces Rodríguez pagó $850,000 pesos por el concepto de “convenio de oferta de compra” según su versión, la cual compartió con El Horizonte en la víspera de la demanda penal que prepara al señalar que, si bien mostró la intención y el ánimo de liquidar el total del pago, hasta ahora sólo han encontrado largas por parte de la desarrolladora para iniciar el proceso de ‘compraventa’.

Aunque en el convenio de oferta de compra acordado por ambas partes, los vendedores no precisaron fecha de entrega del inmueble, si se definió que en mayo de 2022 se liquidarían $2.6 millones de pesos para completar el pago total por el departamento en $3.5 millones.  

Pero una vez pasada esa fecha, IDEI no abrió las puertas al ahora potencial demandante para que se finiquitara lo que acordaron, explicó Rodríguez.

“El saldo del precio total del inmueble… lo cubriremos a usted y de inmediato a más tardar el 30 de julio del 2022 en la escritura pública del inmueble ante notario, salvo que ustedes otorguen un plazo mayor”, indica la cláusula B del convenio.

La fecha de entrega se fue posponiendo al finalizar 2022 y luego en 2023, pero luego ya ni la llamada le tomaban por lo que en diciembre del año pasado Rodríguez presentó una queja en Profeco.

Ese proceso no ha prosperado porque los representantes de IDEI no han ido a las citas, por lo cual ahora va por otro frente: el civil y sino, hasta el penal.

“Aparte de la queja en Profeco, traigo a mis abogados preparando una demanda para pedir así que me regresen lo que me corresponde.

“Es una demanda civil, y se está investigando el proceder de la compañía porque no sabemos por qué está parado el proyecto.

“Si este proyecto se inició con irregularidades es lo que está investigando el grupo de abogados para ver si procede una demanda penal”, afirmó el afectado.

IDEI estuvo emproblemada económicamente a principios de enero al grado que proveedores pidieron someterla a concurso mercantil, pues tenía meses que no les pagaba sus servicios y productos.

El 21 de enero llegó a un acuerdo con estos y la solicitud fue retirada, sin embargo, los problemas con los clientes continuaron.

El Horizonte publicó el pasado 23 de enero el caso de Juan Manuel Rodríguez y expuso la fragilidad del sistema de preventas el cual expertos pidieron regular creando esquemas como el de Estados Unidos donde los desarrolladores tienen que depositar en un fideicomiso el costo del proyecto para garantizar el mismo.

Y es que los desarrolladores comúnmente fondean el proyecto con dinero de las preventas y si este no alcanza, estos quedan truncos afectando a quienes sí pagaron.

En la mayoría de las preventas no se comprometen, los desarrollos no se comprometen a una fecha de entrega, pero en este caso sí hay una de escrituración y es el elemento que el afectado tomará para fundamentar su denuncia.  

En estos convenios los que los clientes ofrecen los pagos de enganches y del resto del costo total del inmueble que en algunos casos superan los $800,000 pesos.
 
OTROS CASOS

Pero, así como Rodríguez, otros ciudadanos más han denunciado en redes sociales y en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los incumplimientos de las desarrolladoras inmobiliarias.

En la aplicación Whistleblowwer, que fue creada por un defraudado exclusivamente para denunciar a empresas inmobiliarias incumplidas, hay quejas contra compañías como Pop Investments, que desarrolla torre Atiko, y Neuben Desarrollos, que construye Torre Aria, por el mismo motivo.

“¿Y si nos juntamos todos los de IDEI? Sin importar el proyecto, total, todos están igual y somos más y hacemos más presión.

“Si quieren nuestro voto este 2024 que metan a la cárcel a los dueños”, publicó un usuario identificado como Arturo M.

A través de la aplicación, los afectados exponen sus casos y relatan el “viacrucis” que enfrentan tras intentar hacerse de un patrimonio.

Entre las empresas que acumulan más quejas se encuentra Internacional de Inversiones (IDEI), propiedad de Alberto de la Garza Evia, que recientemente fue objeto de un conflicto legal por falta de pago a sus proveedores.  

Desarrollos de la compañía regia, como Kanat y República, protagonizan testimonios de afectados en la plataforma digital.  

Sin embargo, Internacional de Inversiones está lejos de ser la única desarrolladora con múltiples señalamientos.  

Pop Investments, con su torre Atiko proyectada en el Centro de Monterrey, es otra empresa con acusaciones.  

“En teoría deberían entregar los departamentos en 2025, pero es fecha que no han comenzado”, compartió una persona bajo el seudónimo vicalvarez.

Los casos de clientes que llevan años pagando lo acordado son recurrentes dentro de la comunidad de defraudados.

Un ejemplo más es Torre Aria, de Neuben Desarrollos, que prometió entregar inmuebles en el segundo trimestre de este año, pero sigue sin reportar avances en la obra.

“Se supone que entregaban en junio de 2024 y aún no empieza la construcción.

“Solo dicen que los permisos no salen y le avientan la pelotita a municipio diciendo que ellos ya hicieron todo de su parte”, publicó Alan González.
 
Plantean crear órgano para regular preventas

El sector inmobiliario vive el “boom” de las preventas sin un organismo que contribuya a regular las condiciones contractuales entre desarrolladores y compradores que aclaren los riesgos y brinden garantías sobre el patrimonio.

Fuentes del sector informaron a El Horizonte que este vacío podría ser regulado por una calificadora que ofrezca funciones símiles a las de buró crediticio en la que compradores puedan conocer el historial de las empresas e inversionistas respecto al cumplimiento de la promesa de venta, así como los retrasos o no de la construcción de los desarrollos.

Las fuentes relataron que para que el sector pueda acceder a una calificadora es largo, y que requiere voluntad de crear políticas públicas que lo faciliten y del sector financiero para conseguir modelos de preventa como el del vecino estado de Texas.

En dicha entidad del sur de los Estados Unidos, en donde un considerable número de compradores e interesados son inversionistas sampetrinos, los bancos contribuyen a acelerar los trámites de preventa y ofrecer garantías a los compradores a través de la creación de fideicomisos.

Además, explicaron que se debe a que en el vecino país del norte las tasas son más bajas, además de que las licencias que emite el gobierno para temas relacionados a la construcción del desarrollo se emiten con mayor agilidad en comparación con México.

En Nuevo León, por ejemplo, trámites como cambio de uso de suelo, factibilidad del agua e incluso la propia licencia de construcción, demoran meses.  

Y en ese sentido, las ventajas del modelo texano sobre el modelo regio, es que los compradores pueden acceder a través del fideicomiso a una formal promesa de compra, contrario a lo que ocurre en Nuevo León, en donde los interesados sólo pueden negociar con los desarrolladores un convenio denominado “promesa de oferta”.

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