Buscará Nuevo León bajar emisiones 33% con plan climático 2030

Después de años, y de diversas administraciones que ignoraron el tema, el que los regios puedan respirar aire limpio y migrar a energías “verdes” implicaría un gran sacrificio económico y sería un proyecto, cuando menos, a seis años.

El plan “de cambio climático” lanzado ayer por el gobierno del estado con el que busca garantizar un aire más limpio para los nuevoleoneses, tendría un “valor” —entre inversiones y amortizaciones— de entre $144,000 millones y hasta $264,000 millones de pesos, que es casi el doble del presupuesto actual del estado.

Se trataría de un proyecto de varios años donde los recursos se obtendrían del estado, municipios, federación, agencias internacionales, iniciativa privada y hasta de deuda pública.

Dicho plan denominado Programa Estatal de Cambio Climático (PECC) fue lanzado ayer y tiene como principal finalidad el bajar al 2030 hasta el 33% los gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI) así como “descarbonizar” en 83% la economía del estado hacia el año 2050.

Ayer, a instancia de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, el gobernador, Samuel García, publicó en el periódico oficial dicho programa de casi 400 hojas que contiene 26 estrategias y 140 líneas de acción.

Entre las metas destaca que Nuevo León deberá tener en el año 2030 un sistema energético e hidráulico resiliente con el 100% de la red eléctrica y presas del estado con mantenimiento preventivo; habrá dotado a 2,250 edificios y 141,616 viviendas con sistemas fotovoltaicos para que sean sustentables, entre otras grandes medidas.

También destaca que en un plazo no mayor a cuatro años se habrán modernizado los sistemas en los procesos de refinería de gasolina.

Si bien reconoce que el costo económico de plan es muy alto, el documento acota que es más caro no tomas acciones desde el punto de vista monetario, pero aún más en materia de vidas humanas biodiversidad.

Según el PECC, el costo estaría entre el 6% y el 11% del PIB de Nuevo León.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el año pasado este rondó en $2.4 billones de pesos, por lo que el costo del PECC estaría entre $144,000 y $264,000 millones de pesos.

Actualmente, el presupuesto del estado es de $140,000 millones de pesos por lo que el costo máximo sería el doble del gasto actual.

“Estos rangos de cálculo a partir del análisis de los costos inversión y del costo del abatimiento de cada una de las acciones contenidas en este programa.

“Contar con los recursos necesarios para la implementación de las medidas que surgen de este programa es esencial para alcanzar las metas de mitigación y adaptación.

“Obtener dichos recursos es de la máxima relevancia, ya que se ha demostrado que los costos de la inyección son más altos que los costos delinearse a la política internacional bajo esquemas de equidad”, indica el documento.

El mismo establece que se deberán diseñar planes de financiamiento involucrando a diferentes instancias establecidas en los siguientes rubros: fortalecimiento de los recursos propios del estado y los municipios; coordinación y colaboración con el gobierno federal; creación de una estrategia de involucramiento del sector privado; acceso fuentes de financiamiento internacional y acceso instrumentos de deuda.

“Se estima que la inyección al cambio climático implicaría perder entre el 5 y el 13% del PIB, sin tomar en cuenta los costos asociados a las pérdidas en biodiversidad y las vidas humanas; mientras que las acciones de mitigación tendrían un costo entre el 1 y 6% del PIB.

“Esto último significa que en un escenario optimista la mitigación podré incluso generar ahorros para el país en un largo plazo.

“Desde un punto de vista económico, es mucho más eficiente tomar acción ahora que dejar el problema a las futuras generaciones”, señala el programa.
 
NO MÁS PLANTAS TERMOELÉCTRICAS

En el listado de metas al 2030, destaca que el estado busca que las plantas de generación de energía convencional cumplan con los plazos para sus salidas y ya no se instalen más.

También indica que se deberán instalar sistemas de modernización para la refinación, cuyo máximo potencial deberá alcanzarse en el 2030.