Anuncia Gobierno que evaluará valores catastrales en 2025

El Gobierno del Estado anunció que continuará con un análisis exhaustivo de las propuestas de incremento a los valores catastrales y que esto será determinado hasta el 8 de enero. 

La evaluación se llevará a cabo bajo la premisa de analizar el fenómeno inmobiliario, la situación financiera de distintos sectores y el impacto económico de los aumentos, informó el gobierno estatal a través de un comunicado emitido por la Oficina de Comunicación Social. 

El análisis será realizado en cumplimiento con los artículos 90 y 125, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorgan al Titular del Ejecutivo un plazo para hacer observaciones a disposiciones del Congreso, indica el comunicado. 

Y continúa explicando que dado que el Congreso decretó días inhábiles del 23 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025, la determinación sobre posibles observaciones a los valores catastrales se pospondrá hasta el 8 de enero de 2025.

Los incrementos propuestos por algunos municipios del área metropolitana son significativos, llegando hasta el 30% en algunos casos. 

"Será hasta el día 8 de enero de 2025  donde se tome la determinación si se realizan o no observaciones a valores catastrales, tomando en consideración que es en los presupuestos de ingresos de los municipios, de conformidad con el artículo 115 constitucional, donde el Congreso debe  autorizar las contribuciones a los municipios. 

Por tal motivo, el Gobierno del Estado informa que continuará con el análisis de los aumentos desproporcionados propuestos por municipios del área metropolitana (en algunos casos incrementos de hasta el 30%)", se lee en el comunicado. 

Estos aumentos afectan directamente los presupuestos de ingresos de los municipios, los cuales deben ser autorizados por el Congreso conforme al artículo 115 de la Constitución.

El Gobierno del Estado subrayó en el Comunicado que es importante el análisis para garantizar que cualquier incremento en los valores catastrales sea justificado y no genere un impacto negativo desproporcionado en la economía local.

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