Senado avala que Pemex y CFE vuelvan a ser empresas públicas

El Senado de México aprobó este jueves una reforma constitucional que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas en la generación de energía, un plan heredado del anterior gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ya fue rechazado por la justicia por contradecir la Constitución.

Morena y sus aliados hicieron valer una vez más su mayoría para aprobar sin mayores contratiempos, cerca de la madrugada, otra de las iniciativas de López Obrador que fue respaldada por su sucesora Claudia Sheinbaum. Ahora queda que al menos 17 de los 32 congresos estatales avalen la reforma para su promulgación.

La reforma, que se aprobó con 86 votos a favor y 39 en contra, establece que la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) pasen de ser empresas productivas a empresas públicas del Estado. Según especialistas, podría desestimular las inversiones en ese sector energético.

La reforma energética era un viejo anhelo del exmandatario, quien durante su sexenio impulsó regulaciones que fueron bloqueadas por el Congreso y la Suprema Corte de Justicia. El último revés lo sufrió a finales de enero, cuando el máximo tribunal declaró que los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que favorecía a la CFE sobre las compañías privadas en la generación de energía, contradecían los preceptos de la Constitución y vulneraban los principios de la libre competencia.

En el texto aprobado por el Senado también se contempla que a través de leyes secundarias se definirá cómo las empresas privadas podrán participar en la industria eléctrica, pero se precisa que “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado”.

Asimismo, se dispuso que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de internet.

El oficialismo respaldó los cambios a tres artículos de la Constitución asegurando que permitirán revertir la reforma del 2013, cuando se impulsó una apertura del sector eléctrico, y que devolverán al Estado el control estratégico del sector.

Por su parte, la bancada opositora rechazó en bloque la iniciativa alegando que no favorecerá la eficiencia ni las energías limpias y solo promoverá un modelo estatista.

Ante las críticas y preocupaciones que expresaron representantes del sector privado y especialistas, Sheinbaum dijo la semana pasada que “no tienen de que preocuparse los generadores” y recordó que la CFE generará 54% de la energía eléctrica y el sector privado 46%.

Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se manifestó inquietud por la reforma. En un comunicado, el centro de investigaciones de políticas públicas señaló que con los cambios se enviará un “mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional”.

La iniciativa formó parte de un paquete de leyes que propuso en febrero pasado López Obrador, que incluyó las polémicas reformas del poder judicial y de la Guardia Nacional, que comenzó a debatirse y aprobarse el mes pasado tras la entrada del nuevo Congreso controlado por el oficialismo.

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