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Nacional

Pese a suspensiones, Morena agenda discutir la reforma judicial

El diputado morenista, Ricardo Monreal Ávila, manifestó que no acatarán la orden que dieron dos jueces, para que no se discutiera la reforma


  • 02
  • Septiembre
    2024

Pese a las dos suspensiones otorgadas por un juez de Morelos y otro de Chiapas en donde se ordena frenar la discusión en el Congreso de la Unión  de la reforma al Poder Judicial, Morena ya puso fecha para discutirla.

Ricardo Monreal, nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, anunció que Morena y sus aliados acordaron que el dictamen de reforma constitucional al Poder Judicial sea discutido entre el 3 y 4 de septiembre próximos. 

El también líder parlamentario de Morena destacó que fue a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que las y los líderes de las bancadas de San Lázaro acordaron que el dictamen de la reforma Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador se discuta y vote en el Pleno en dos sesiones ordinarias.

Detalló que el proyecto de decreto se discutirá y votará, en lo general, el martes 3 de septiembre y, en lo particular, el miércoles 4. “Las sesiones serán, a propuesta del grupo mayoritario, el martes. El martes tendremos la primera sesión.

Serán dos sesiones ordenadas, reglamentarias de acuerdo con el procedimiento”, explicó. El pasado fin de semana, Martha Eugenia Magaña, jueza Quinta de Distrito en Morelos, ordenó a los legisladores no abordar el dictamen en una suspensión provisional concedida a un grupo de jueces federales dentro del amparo 1251/2024, que se resolverá en definitiva el próximo 4 de septiembre.

Los inconformes alegan que se les pretende cesar de sus cargos “sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.

 En tanto, Felipe Consuelo Soto, juez Tercero de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, también otorgó un recurso contra la reforma, sólo que no impide su discusión o aprobación legislativa.

La suspensión, que se resolverá de fondo el 6 de septiembre, ordena que, una vez avalado el dictamen en el Congreso de la Unión, no se envíe a las 32 legislaturas estatales, de las que al menos 17 tienen que dar su aprobación.


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