Imputan a México por desaparición de integrante del EZLN

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el jueves al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, un integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrida en 1999 en el contexto de una política estatal “contrainsurgente” en Chiapas.

La sentencia emitida también reconoce otras violaciones a derechos humanos en perjuicio de González Méndez y sus familiares, incluidos su esposa y sus hijos.

El caso, conocido como "González Méndez y otros Vs. México", expone que la desaparición de Méndez se dio en un contexto de violencia en Chiapas, exacerbado por el alzamiento del EZLN en 1994. La Corte señala la actuación de grupos paramilitares, como “Paz y Justicia”, que operaban con el apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado mexicano en el marco del Plan Campaña Chiapas de 1994. Estos grupos tenían como objetivo neutralizar a quienes eran percibidos como enemigos del gobierno, entre ellos, el EZLN.

Antonio González Méndez, un indígena maya ch’ol, era simpatizante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y miembro de las bases civiles de apoyo al EZLN. Fue visto por última vez cerca de una zona donde operaba el grupo paramilitar mencionado. La Corte determinó que la última persona con la que González Méndez tuvo contacto tenía vínculos con dicho grupo paramilitar, lo que refuerza la responsabilidad estatal en su desaparición.

La Corte también destacó la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades mexicanas, las cuales no han cumplido con su obligación de investigar diligentemente ni de realizar una búsqueda efectiva de González Méndez.

Además, se reconoció el sufrimiento psicológico y moral que esta desaparición causó a su familia, particularmente a sus hijos, quienes han enfrentado un daño irreversible en su integridad y proyectos de vida.

Por todo lo anterior, México fue condenado por vulnerar varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de asociación, las garantías judiciales, y el derecho a conocer la verdad.

La Corte ordenó al Estado mexicano continuar las investigaciones sobre la desaparición forzada y establecer medidas para prevenir estos actos en el futuro. Además, se le instruyó a crear un registro único de personas desaparecidas y ofrecer formación continua a agentes del estado en la investigación de desapariciones forzadas.

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