Envío de 29 presos fue por seguridad nacional, asegura gobierno
El fiscal de la República Alejandro Gertz, aseguró que no se violó ninguna ley ni derechos humanos de los extraditados que fueron entregados a EUA
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Febrero
2025
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha revelado los pormenores del traslado a Estados Unidos de 29 individuos vinculados a la delincuencia organizada, entre los que destaca el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
La operación, que se llevó a cabo por razones de seguridad, no fue una extradición, sino una entrega formal al gobierno estadounidense, según precisó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Gertz Manero explicó que el procedimiento se llevó a cabo bajo el marco del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución Mexicana, en respuesta a una solicitud de seguridad nacional presentada por Estados Unidos.
Esta es una solcitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta. (Personas requeridas) nada más”, expuso el fiscal.
Esta solicitud fue justificada por las graves conductas criminales de los implicados en ese país, quienes son responsables de delitos de alto impacto como tráfico de drogas, homicidios, secuestros y tráfico de armas.
El fiscal general subrayó que las penas que enfrentan estos individuos no son competencia del gobierno mexicano, sino que son determinadas por los jueces de Estados Unidos. De esta manera, Gertz Manero descartó especulaciones sobre la posibilidad de que algunos de los reclusos pudieran ser condenados a la pena de muerte, como había señalado previamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a los detenidos.
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch detalló que los 29 reos eran requeridos en Estados Unidos por delitos graves relacionados con la delincuencia organizada. Además, destacó que la decisión de proceder con el traslado fue tomada por el Gabinete de Seguridad de manera colegiada, tras obtener información que sugería el riesgo de que algunos de los implicados pudieran ser liberados o sus procesos de extradición retrasados.
“El gabinete de Seguridad cuenta con información de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o se siguieran atrasando sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos”, mencionó.
García Harfuch afirmó que este traslado fue un acto de autoridad sin precedentes, alineado con la política de seguridad del gobierno de México, y resaltó que los individuos entregados representan una amenaza significativa tanto para la seguridad nacional de México como para la de Estados Unidos.
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