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Internacional

Las FARC se atribuyen secuestro de dos funcionarios colombianos

La mayor de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se atribuyó el secuestro de dos funcionarios de la Fiscalía de Colombia.


  • 20
  • Abril
    2024

La mayor de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se atribuyó este sábado el secuestro de dos funcionarios de la Fiscalía de Colombia y el de una civil, en medio de llamados de las autoridades para que liberen de inmediato a los retenidos.

El autodenominado Estado Mayor Central dijo en un comunicado que la retención de esas personas ocurrió la mañana del viernes en un punto de control y registro en una zona del Cauca, en el suroccidente colombiano. Indicó que los secuestrados se encuentran en buen estado de salud y que los liberarían con la intervención de organismos internacionales. No especificó una fecha.

La Fiscalía colombiana exigió la víspera la inmediata liberación de esas personas. Javier Sarmiento, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría de Colombia, afirmó el sábado que “preocupa que las disidencias de las FARC estén hablando de los puestos de control y registro” o que manifiesten “tener control e injerencia militar y política en zonas rurales”.

El Estado Mayor Central advirtió que la ruptura al cese al fuego dispuesta por el gobierno en marzo pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado que transitan en áreas que, según señala, están bajo su control.

Ninguna autoridad del gobierno se ha pronunciado hasta el momento sobre el secuestro ni sobre las afirmaciones del grupo armado.

Los diálogos del gobierno con esas disidencias entraron en crisis tras un ataque en el que falleció una líder indígena, por lo cual el gobierno suspendió el cese al fuego en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, lleva adelante una política de "paz total” con la cual busca la desactivación de los grupos armados, lo que ha sido cuestionado por sectores de oposición que consideran que el gobernante alienta con ello la impunidad.


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