Exministro indonesio es condenado a 10 años por corrupción

La corte anticorrupción indonesia condenó a 10 años de prisión a un exministro de agricultura tras declararle culpable de extorsión, abuso de poder y sobornos en relación con contratos con firmas privadas.

El caso ha empañado la credibilidad de la lucha anticorrupción del presidente, Joko Widodo. Otros cinco antiguos miembros de su gobierno han sido condenados a penas de prisión en casos de corrupción, lo que deja en entredicho sus esfuerzos por limpiar el gobierno antes de que termine su mandato en octubre.

La corte en la capital, Yakarta, concluyó que el exministro Syahrul Yasin Limpo era culpable de abusar de su poder para enriquecerse a sí mismo y a otros funcionarios. También le ordenó pagar una multa de 18,500 dólares y dijo que pasaría otros cuatro meses en prisión si no paga.

Limpo fue detenido en octubre por la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Él ha negado las acusaciones.

Varios funcionarios del ministerio declararon durante el juicio que secretarios, directores generales y agencias del organismo estaban obligados a dar un 20% de su presupuesto a Limpo, como si estuvieran endeudados con él, y que él amenazaba sus empleos si rechazaban sus demandas. También proveedores y contratistas debían reservar dinero para cumplir las demandas del entonces ministro, según el juicio.

Limpo dedicó el dinero a autos de lujo, regalos y aparamentos, vuelos en aviones privados, fiestas familiares y reuniones, así como para ritos religiosos y peregrinajes. También utilizó los sobornos para pagar ayuda humanitaria a víctimas de desastres y para su partido político Nasdem.

La fiscalía, que pedía 12 años de prisión, dijo que el político aceptó un total de 44.700 millones de rupias (2,7 millones de dólares) entre enero de 2020 y octubre de 2023.

Durante el juicio, Limpo dijo que era víctima de una persecución política y que había sido difamado por sus subordinados, que temían ser sustituidos o destituidos.

La corrupción en endémica en Indonesia y la comisión anticorrupción, una de las pocas instituciones eficaces del país de casi 270 millones de habitantes, suele recibir ataques de legisladores que quieren reducir sus competencias.