Entre irregularidades, abren registro de candidatos en Venezuela
Misiones internacionales de observadores han denunciado irregularidades que afectan las condiciones para competir en los procesos electorales de Venezuela.
- Por: AP
- 21 Marzo 2024, 13:04
En medio de la incertidumbre sobre la candidatura de la opositora María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, se abrió este jueves en Venezuela el proceso de inscripción de los candidatos para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Por ahora el presidente Nicolás Maduro es el único postulante que parece tener garantizada su presencia en los comicios. El mandatario fue proclamado el 16 de marzo como el aspirante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Maduro asumió como presidente encargado en marzo de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez, pero poco más de un mes después fue elegido en comicios para el periodo 2013-2019 y reelecto en 2018 para otro mandato en unas polémicas elecciones que fueron desconocidas por la oposición y gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que las consideraron fraudulentas. Su mandato concluye a principios de 2025.
El resto de los candidatos, que tienen plazo para inscribirse en forma electrónica hasta el 25 de marzo, deberán esperar si su postulación es aceptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a cargo de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país.
La constitución venezolana contempla cinco poderes del Estado, incluido el Poder Electoral en el que los aliados del oficialismo son mayoría desde hace más de dos décadas.
Luis Eduardo Martínez y Daniel Ceballos, en representación del partido Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP), se convirtieron en los primeros en registrar sus candidaturas a los comicios presidenciales. El certificado de registro de ambos fue consignado ante el CNE.
AD y VP están ahora dirigidos por disidentes de la oposición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, les entregó la dirección, símbolos, colores y tarjetas de los partidos. Además de esas dos grandes fuerzas opositoras hay otras organizaciones políticas minoritarias y el Partido Comunista de Venezuela, el más antiguo del país.
Poco después, la nueva directiva del Partido Comunista formalizó ante la autoridad electoral su respaldo a la candidatura de Maduro. El partido Podemos, uno de los 10 miembros de la coalición de partidos de izquierda denominada Gran Polo Patriótico, también registró su apoyo al mandatario.
Se espera que la inscripción de Machado, ganadora de las primarias de la oposición por más de 90% de los votos, sea bloqueada por el sistema automatizado de la autoridad electoral y no está claro si las organizaciones políticas que representa tendrán tiempo suficiente para apelar la decisión debido el estrecho calendario electoral.
Pese a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que pesa sobre Machado, la ingeniera industrial de 56 años no ha dejado de recorrer el país para promocionar su candidatura, mientras la Fiscalía General ordenó la aprehensión de varios opositores, entre ellos su jefa de campaña y mano derecha, por sus supuestos vínculos con una conspiración para desestabilizar al gobierno.
En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos de Chávez y Maduro, entre ellos Machado, denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política. Sobre la exlegisladora no pesa ninguna condena judicial.
Machado ha prometido que oportunamente tomará la decisión correcta en medio de las presiones de líderes locales e internacionales que le piden que formalice su renuncia a la candidatura y le brinde su apoyo a un sustituto.
Por años misiones internacionales de observadores han denunciado irregularidades que afectan la igualdad de condiciones para competir en los procesos electorales de Venezuela, como la inhabilitación de candidatos de la oposición, el uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.
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