Elon Musk y Vivek Ramaswamy: Plan DOGE para reformar el gobierno

Por: Elon Musk y Vivek Ramaswamy
Cortesía de The Wall Street Journal

La mayoría de las disposiciones legales no son leyes aprobadas por el Congreso, sino ‘‘reglas y regulaciones’’ emitidas por burócratas no electos. 

Además, la mayoría de las decisiones gubernamentales relacionadas con la aplicación de la ley y los gastos discrecionales no las toma a el presidente elegido democráticamente ni sus funcionarios políticos designados, sino por decenas de miles de empleados públicos no electos ni designados dentro de las agencias gubernamentales, quienes se consideran inmunes al despido gracias a las protecciones de la función pública.

Esto es antidemocrático y contrario a la visión de los fundadores de la nación. Impone costos directos e indirectos masivos a los contribuyentes. Afortunadamente, contamos con una oportunidad histórica para resolver el problema. El 5 de noviembre, los votantes eligieron de manera decisiva a Donald Trump, otorgándole un mandato para implementar un cambio radical, y el ellos merecen recibirlo. El presidente Trump nos ha pedido, a un servidor y a Vivek Ramaswamy, que lideremos un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) con el fin de reducir el tamaño del gobierno federal. 

La burocracia, profundamente arraigada y en constante crecimiento, representa una amenaza existencial para nuestro gobierno, y los políticos la han respaldado durante demasiado tiempo. 

Por eso estamos haciendo las cosas de manera diferente. Somos empresarios, no políticos. Serviremos como voluntarios externos, no como funcionarios o empleados federales. A diferencia de las comisiones gubernamentales o comités asesores del gobierno, no solo redactaremos informes o cortaremos cintas. Reduciremos costos.

Estamos apoyando al equipo de transición de Trump a identificar y contratar un grupo reducido de ‘‘defensores’’ gubernamentales, incluidos algunas de las mentes más brillantes en el sector técnico y legal de Estado Unidos. Este equipo trabajará, en la nueva administración, estrechamente con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. 

Ambos asesoraremos a DOGE en cada paso para implementar tres tipos principales de reformas: la anulación de regulaciones, las reducciones administrativas y el ahorro de costos. Nos enfocaremos particularmente en impulsar acciones de cambio basados en la legislación existente, en lugar de aprobar nuevas leyes. 

Nuestra guía para la reforma será la Constitución de Estados Unidos, con énfasis en dos fallos críticos de la Corte Suprema emitidos durante el mandato del presidente Biden. En el caso de West Virginia Vs. Environmental Protection Agency (2022), los jueces sostuvieron que las agencias no pueden imponer regulaciones que aborden cuestiones económicas o políticas importantes a menos que el Congreso las autorice específicamente a hacerlo. En Loper Bright Vs. Raimondo (2024), el tribunal revocó la doctrina Chevron y sostuvo que los tribunales federales ya no deben atenerse a las interpretaciones de la ley por parte de las agencias federales ni a su propia autoridad para elaborar normas. En conjunto, estos casos sugieren que un exceso de regulaciones federales actuales sobrepasa la autoridad que el Congreso ha otorgado conforme a la ley.

DOGE trabajará con expertos legales integrados en agencias gubernamentales, con la ayuda de tecnología avanzada, para aplicar estas resoluciones a las regulaciones federales promulgadas por dichas agencias. DOGE presentará esta lista de regulaciones al presidente Trump, quien podrá, mediante una acción ejecutiva, suspender inmediatamente la aplicación de esas regulaciones e iniciar el proceso de revisión y rescisión. Esto liberaría a las personas y las empresas de regulaciones ilícitas que nunca fueron aprobadas por el Congreso y estimularía la economía estadounidense.

Cuando el presidente anule miles de esas regulaciones, los críticos alegarán que el ejecutivo se ha excedido en sus funciones. De hecho, estará corrigiendo la extralimitación de Poder Ejecutivo en miles de regulaciones promulgadas por decreto administrativo que nunca fueron autorizadas por el Congreso. 

El presidente debe deferencia legislativa al Congreso, no a los burócratas en las agencias federales. 

El uso de órdenes ejecutivas para sustituir la legislación, añadiendo nuevas reglas engorrosas, es una afrenta constitucional, pero el uso de órdenes ejecutivas para derogar regulaciones que pasaron indebidamente por alto al Congreso es legítimo y necesario para cumplir con los mandatos recientes de la Corte Suprema. Y después de que esas regulaciones sean totalmente derogadas, un futuro presidente no podría simplemente accionar el interruptor y revivirlas, sino que tendrá que pedir al Congreso que lo haga.

Una reducción drástica de las regulaciones federales ofrece una lógica industrial sólida para las reducciones masivas de personal en toda la burocracia federal. DOGE tiene la intención de trabajar con los funcionarios designados en las agencias para identificar el número mínimo de empleados requeridos en una agencia para que ésta desempeñe sus funciones constitucionalmente permisibles y estatutariamente obligatorias. 

El número de empleados federales a eliminar debería ser al menos proporcional al número de regulaciones federales que se anulen: no sólo se requieren menos empleados para hacer cumplir menos regulaciones, sino que la agencia produciría menos regulaciones una vez que su alcance de autoridad se limite adecuadamente. Los empleados cuyos puestos se eliminan merecen ser tratados con respeto, y el objetivo de DOGE es ayudar a apoyar su transición al sector privado. 

El presidente puede utilizar las leyes existentes para darles incentivos para la jubilación temprana y para realizar pagos de indemnización voluntaria para facilitar una salida elegante.

La sabiduría convencional sostiene que las protecciones legales del servicio civil impiden que el presidente o incluso sus designados políticos despidan a los empleados federales. El propósito de estas protecciones es defender a los empleados de las represalias políticas. Pero el estatuto permite “reducciones de personal” que no se dirigen a empleados específicos. El estatuto también faculta al presidente para “prescribir reglas que rijan el servicio competitivo”. 

Ese poder es amplio. Presidentes anteriores lo han utilizado para modificar las reglas del servicio civil mediante decretos ejecutivos, y la Corte Suprema ha sostenido —en Franklin Vs. Massachusetts (1992) y Collins Vs. Yellen (2021)— que no estaban limitados por la Ley de Procedimientos Administrativos cuando lo hicieron. 

Con esta autoridad, Trump puede implementar cualquier cantidad de “reglas que rijan el servicio competitivo” que reducirían el crecimiento excesivo de la administración, desde despidos a gran escala hasta la reubicación de agencias federales fuera del área de Washington. Exigir que los empleados federales vengan a la oficina cinco días a la semana daría lugar a una ola de despidos voluntarios que acogemos con agrado: si los empleados federales no quieren presentarse, los contribuyentes estadounidenses no deberían pagarles por el privilegio de quedarse en casa en la era del Covid.

Por último, nos centramos en generar ahorros de costos para los contribuyentes. Los escépticos se preguntan cuánto gasto federal puede controlar DOGE solo mediante una acción ejecutiva. Señalan la Ley de Control de Embargos de 1974, que impide al presidente suspender los gastos autorizados por el Congreso. Trump ha sugerido anteriormente que esta ley es inconstitucional, y creemos que la Corte Suprema actual probablemente se pondría de su lado en esta cuestión. 

Pero incluso sin depender de esa opinión, DOGE ayudará a poner fin al gasto federal excesivo al apuntar a los más de $500,000 millones de dólares en gastos federales anuales que no están autorizados por el Congreso o que se utilizan de maneras que el Congreso nunca pretendió, desde $535 millones de dólares al año para la Corporación para la Radiodifusión Pública y $1,500 millones de dólares para subvenciones a organizaciones internacionales, hasta casi $300 millones de dólares para grupos progresistas como Planned Parenthood.

El proceso de adquisiciones del gobierno federal también está muy deteriorado. Muchos contratos federales han pasado años sin ser examinados. Las auditorías a gran escala realizadas durante una suspensión temporal de pagos producirían ahorros significativos. El Pentágono recientemente fracasó en su séptima auditoría consecutiva, lo que sugiere que la dirección de la agencia tiene poca idea de cómo se gasta su presupuesto anual de más de $800,000 millones de dólares. 

Los críticos afirman que no podemos cerrar significativamente el déficit federal sin apuntar a programas de prestaciones sociales como Medicare y Medicaid, que requieren que el Congreso se reduzca. Pero esto desvía la atención de la magnitud del despilfarro, fraude y abuso que casi todos los contribuyentes desean terminar, y que DOGE pretende abordar identificando acciones ejecutivas precisas que resultarían en ahorros inmediatos para los contribuyentes.

Con un mandato electoral decisivo y una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte Suprema, DOGE tiene una oportunidad histórica de realizar reducciones estructurales en el gobierno federal. Estamos preparados para la embestida de intereses arraigados en Washington. Esperamos prevalecer. 

Ahora es el momento de tomar medidas decisivas. Nuestro principal objetivo para DOGE es eliminar la necesidad de su existencia antes del 4 de julio de 2026, la fecha de vencimiento que hemos fijado para nuestro proyecto. 

No hay mejor regalo de cumpleaños para nuestra nación en su 250 aniversario que entregar un gobierno federal que enorgullezca a nuestros Fundadores.

Comentarios