Casa Blanca mantiene veto a agencia AP pese a orden de juez

La administración del presidente Donald Trump volvió a negar el acceso a periodistas de la agencia Associated Press (AP) durante una reunión en el Despacho Oval con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ignorando una orden judicial que restablecía los derechos de cobertura del medio.

La decisión contraviene un fallo reciente del juez federal Trevor McFadden, quien dictaminó que la Casa Blanca no puede excluir a medios de comunicación como forma de represalia por su línea editorial, una protección respaldada por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El veto, que entró en vigor en febrero, fue impuesto luego de que AP se negara a utilizar el término “Golfo de América”, el nuevo nombre promovido por la administración Trump para sustituir “Golfo de México”.

Fotógrafos y reporteros, excluidos del Despacho Oval

La Casa Blanca impidió que un reportero y un fotógrafo de AP ingresaran al acto oficial de este lunes, bajo el argumento de que, aunque el juez ordenó levantar el veto, la orden aún no debía cumplirse ya que se ha presentado una apelación pendiente de resolución.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ha convocado una audiencia para este jueves, donde se revisará la apelación del gobierno. Mientras tanto, la agencia sigue sin poder cubrir actividades clave como los actos presidenciales en el Despacho Oval o los viajes en el Air Force One.

La agencia AP expresó su preocupación por la situación, al considerar que se trata de un acto de censura. Según su manual de estilo, el término “Golfo de México” se mantiene por razones históricas y geográficas, ya que es el nombre usado por más de cuatro siglos y delimita aguas compartidas con México y Cuba.

“El Gobierno no puede castigar a un medio de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, afirmó el juez McFadden en su fallo, calificando la medida de Trump como una “acción punitiva inadmisible”.

La polémica por el "Golfo de América"

La insistencia del Gobierno en cambiar la nomenclatura geográfica ha sido vista por críticos como parte de una estrategia simbólica de reafirmación nacionalista. Sin embargo, para medios como AP, representa una presión inaceptable sobre su independencia editorial.

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