Autoridades rodean casa de presidente surcoreano enjuiciado

Las autoridades de Corea del Sur llevaron a cabo un segundo intento de arrestar al presidente Yoon Suk Yeol, tras la emisión de una orden judicial para interrogarlo sobre su declaración de ley marcial en diciembre pasado.

Más de 1,000 miembros de un equipo conjunto de investigación, compuesto por diversas agencias, llegaron a la residencia presidencial para ejecutar la orden. La operación se llevó a cabo a primeras horas de la mañana, a pesar de las barricadas de seguridad impuestas por el personal de protección de Yoon.

Clashes ongoing now outside the Residence of Impeached South Korean President Yoon Suk Yeol, as Corruption Police attempt to enter his Home in order to carry out an Arrest Warrant against Yeol for Abuse of Power. pic.twitter.com/FEQWVrBNOY

— OSINTdefender (@sentdefender) January 14, 2025

El primer intento de arresto, realizado el 3 de enero, había fracasado debido a la resistencia de los guardias del presidente, quienes bloquearon el acceso con varias líneas defensivas.

En esa ocasión, alrededor de 150 investigadores fueron superados por un contingente de 200 miembros del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) y personal militar, lo que obligó a los investigadores a retirarse por razones de seguridad.

Los abogados de Yoon han reiterado que la orden judicial es inválida, alegando que viola la ley surcoreana, que prohíbe incautaciones y registros en lugares donde se manejen asuntos secretos militares sin el permiso adecuado. Además, han advertido que la operación está llevando a cabo una investigación inconstitucional, acusando a las autoridades de difundir información falsa y de actuar fuera de su jurisdicción.

El equipo de investigación, que está compuesto por personal especializado de diversas unidades, enfrenta la resistencia tanto del PSS como de los legisladores del Partido del Poder Popular, que apoyan al presidente. La orden de arresto contra Yoon, relacionada con acusaciones de abuso de poder e insurrección, expirará el 21 de enero, lo que añade presión al desenlace de este tenso enfrentamiento entre el presidente y las autoridades judiciales.

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