Proponen prisión a quien se beneficie de gestación subrogada

Nélida Díaz Tejeda, diputada priista, busca impulsar una iniciativa para imponer una pena de 15 a 25 años de prisión y multas de 2 mil a 30 mil días de valor diario a quien, mediante contrato, se beneficie de la gestación subrogada.

La diputada expone que, en México, la gestación subrogada es un tema complejo y su regulación varía de un estado a otro y que no existe legislación federal específica que regule este acto.

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja. 

Esto se da a través de técnicas de reproducción asistida (TRA), las cuales ayudan a personas que buscan tener hijos biológicos y que, ya sea por infertilidad, ser parejas del mismo sexo, no pueden y desean ejercer maternidad o paternidad.

Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), esta práctica ha sido regulada únicamente en dos estados: Tabasco y Sinaloa; pero también se han presentado iniciativas para reconocerla la gestación en estados como Coahuila, Guerrero, Sinaloa y la Ciudad de México.

Sin embargo, estados como Coahuila y Querétaro, establecen, en su código civil, que siempre se presumirá la maternidad a la mujer gestante.

Según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en nuestro país existen pocos, casi nulos, datos respectos a este fenómeno, pero que de 2016 a 2019 se contabilizaron más de 50 nacimientos de este tipo entre el estado de Tabasco y Sinaloa.

En el informe, Eleane Proo Méndez, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que el costo por procedimiento en nuestro país es de 90 mil dólares y a la gestante se le paga entre 9 a 10 mil.

De la misma manera, reporta que para 2025 esta industria facture ganancias, a nivel global, por más de 27 mil 500 millones de dólares.

Sin embargo, el GIRE reporta que en Tabasco se ha fomentado un clima de persecución a las mujeres gestoras, amenazadas por funcionarios públicos a enfrentar acusaciones penales por tráfico de menores.

Reformar la legislación

Díaz Tejeda, señala que la rigurosidad ejercida sobre estas prácticas permiten a que organizaciones criminales exploten a las mujeres para garantizar que la gestación se lleve a cabo.

También apunta que en algunos casos las mujeres actúanos como restantes debido a situaciones económicas precarias, siendo motivadas a participar en esta actividad debido a la necesidad financiera.

De esta manera, cuestiona si las involucradas están tomando una decisión completamente libre o voluntaria y que la inadecuada o nula regulación da espacio a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad.

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