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Nuevo León

Impera la ‘tensa calma’ en pasillos judiciales

Puertas cerradas, líneas de precaución amarilla y una manta que clama por los derechos laborales son la postal en las oficinas del Poder Judicial en Nuevo León


  • 05
  • Septiembre
    2024

Puertas cerradas, líneas de precaución amarilla y una manta que clama por los derechos laborales dan la bienvenida a quienes buscan acceso a la justicia, es la postal que hoy en día prevalece en oficinas del Poder Judicial en Nuevo León.

El Horizonte acudió a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación ubicada en la Diagonal Santa Engracia, en la colonia Lomas de San Francisco en Monterrey y se hizo evidente la nueva manera de operar de los juzgados.

Un ambiente de incertidumbre y tensión envuelve los pasillos del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León. La protesta de los trabajadores judiciales en contra de la Reforma al Poder Judicial ha paralizado gran parte de la actividad jurisdiccional.

Solo los casos considerados “urgentes” según la Circular 16 del Consejo de la Judicatura Federal están siendo atendidos. Detenciones, temas relacionados con menores y medidas cautelares son algunos de los asuntos que aún se resuelven, aunque con lentitud.

Abogados y litigantes esperan pacientemente, sus rostros reflejando la incertidumbre y la preocupación.

“Es frustrante ver cómo se retrasan casos importantes por una situación que no debería afectar nuestros derechos”, comenta un abogado mientras consulta su reloj. “La justicia no puede detenerse por un conflicto laboral”.

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Al interior, un puñado de empleados trabaja arduamente para atender la demanda, pero la carga de trabajo se ha incrementado considerablemente. Las largas filas y los rostros cansados son el reflejo de un sistema judicial que, por primera vez en mucho tiempo, se ve obligado a ralentizar su marcha.

La manifestación de los trabajadores judiciales ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema y la importancia de garantizar condiciones laborales dignas para quienes imparten justicia.

Sin embargo, los ciudadanos son quienes pagan las consecuencias de esta paralización, viendo cómo se retrasan sus procesos y se ven afectados sus derechos.


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