Funcionario de Miguel, vinculado y arraigado por Torres Ysabella

Benito Juárez Calvillo, operador clave y exjurídico del exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño, fue vinculado a proceso y arraigado en su domicilio por extralimitarse en  funciones en el caso de las Torres Ysabella.

Un juez de control del estado encontró elementos suficientes para juzgar al exdirector jurídico de San Pedro como responsable de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y daños en propiedad ajena, este último por un monto cercano a $15.5 millones de pesos.

El fiscal Anticorrupción del estado, Javier Garza y Garza, quien imputó a Juárez Calvillo, dijo a El Horizonte que el ahora vinculado no le informó al Cabildo de San Pedro que Torres Ysabella contaban con una suspensión definitiva de amparo al momento en que se determinó revocarles permisos y se ordenó demoler parte de la construcción, esto el pasado 2 de febrero del 2024.

Señaló que, por ahora, no se ha hallado responsabilidad directa de Treviño, pero no lo descartó, y añadió que lo que sí es seguro es que lo llamarán a declarar.

Durante su mandato, Miguel Treviño actuó con saña innecesaria y por encima de la ley en contra del desarrollo de Torres Ysabella, al que acusaba de violar los coeficientes de construcción.

Y es que el exalcalde ordenó cancelarles el permiso sin esperar a que los jueces determinaran si esa medida era legal, y hasta se apresuró a demoler el puente de entrada para imposibilitar que el desarrollo fuera funcional, tomando la justicia “por propia mano”.

En tanto, el empresario Federico “Pico” Zambrano, quien es propietario de desarrollo inmobiliario y quien presentó la denuncia, informó que llegará hasta las últimas consecuencias por haberle detenido ilegalmente la construcción y por la demolición de un acceso que era una especie de puente y el cual, según Treviño, estaba en área pública.

“A consecuencia de esta vinculación a proceso, un juez de control del estado ha imputado la medida cautelar de resguardo domiciliario para evitar su posible sustracción de la acción de la justicia, lograr su debida conducción y asistencia al proceso y por estimar el monto estratosférico de $15,500,000 pesos por concepto de la reparación del daño, valor total del monto de la demolición.

“Esto, toda vez que dicho proyecto tenía una suspensión definitiva de un juez contencioso, que estaba vigente el mismo 2 de febrero del 2024, el cual fue ignorada por el licenciado Benito Juárez Calvillo y, estando en una sesión de cabildo, les informa que no existe ningún peligro para el municipio para proceder con una demolición del puente de acceso”, indicó Zambrano.

Zambrano explicó que de esta investigación podrían desprenderse varias vertientes, ya que se va a citar a los miembros del cabildo, incluyendo a Miguel Treviño.

Treviño tendría que rendir cuentas por el actuar de Juárez Calvillo y explicar si tenían conocimiento de que éste omitió información sobre un amparo que prohibía la demolición del puente de Torres Ysabella.

“Este mismo también se abren muchas vertientes, porque, aquí, en este proceso, pues te van a mandar citar mucha gente a los miembros del Cabildo, incluyendo a Miguel Treviño. 

“Que tengan que explicar si sabían de la existencia de una suspensión definitiva que amparaba la no demolición del puente. Benito Juárez, en su calidad de director jurídico, le pide al juez, en siete veces, que modifique la suspensión para poder tirar el puente y las siete veces le dices que no”, comentó Zambrano.

La audiencia de vinculación comenzó la tarde del lunes y concluyó a las 4:00 horas de ayer. El juez determinó que la fecha para cerrar la investigación será el 21 de marzo de este año.

De acuerdo con el Código Penal del estado, de hallarse culpable por el juez, Juárez Calvillo podría alcanzar una penalidad de 1 a 7 años de prisión por el delito de ejercicio ilícito en el servicio público y de cinco a 15 años por el de daños en propiedad ajena.

“(Juárez Calvillo) incitó a los regidores para que aprobaran una demolición, sabiendo perfectamente que tenían una suspensión definitiva y no podían proceder a la demolición del mismo”, indica la ficha.

Anticorrupción analiza citar a exalcalde

En tanto, Javier Garza y Garza, fiscal anticorrupción, reiteró que el actual proceso sólo se dirige contra Juárez Calvillo, ya que él fue el responsable de notificar la existencia de una suspensión. Sin embargo, no descarta citar a Miguel Treviño para que rinda su declaración. 

“Aquí va dirigido hacia los que autorizaron. El tema es que el director Jurídico no puso en conocimiento del Cabildo que existiera una suspensión y es una obligación que tiene de acuerdo a los artículos, posiblemente le lleguemos a llamar (a Miguel Treviño), pero por lo pronto no”, señaló Garza y Garza.

Asimismo, el empresario sampetrino agregó que no solo Miguel podría estar involucrado, sino que de esta misma investigación podrían desprenderse más funcionarios que tenían conocimiento de la ilegalidad.

“A lo mejor de ahí también se vuelva a desprender otro acto de algún exfuncionario que lo hicieron por ir a tirar este puente.

“El problema de todo esto es que van y tiran unos permisos y van y demuelen un puente ilegalmente. La misma autoridad no puede quitar los permisos. Estos señores no lo entienden bien”, añadió Federico Zambrano.

Mientras tanto, derivado de la investigación actual, Benito Juárez Calvillo, exdirector jurídico de San Pedro, se encuentra bajo arraigo domiciliario hasta que concluya la investigación del caso de Torres Ysabella.

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