Reforma judicial va dirigida a empresas extranjeras, afirma AMLO

Las cámaras de comercio extranjeras han advertido durante semanas que la propuesta de reforma al Poder Judicial mexicano, bajo la cual los jueces serán elegidos por voto popular, afectará a las empresas extranjeras y pondrá en riesgo la inversión en México.

Y la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha dedicado semanas a tratar de calmar esos temores al señalar que es simplemente una medida a favor de la democracia. Pero este viernes, el mandatario Andrés Manuel López Obrador confirmó que los cambios radicales de hecho están dirigidos directamente a las empresas extranjeras.

Los críticos afirman que los cambios constitucionales para reemplazar a 7 mil jueces de todo el país serán un duro golpe a la independencia del Poder Judicial al volverlos más leales a sus electores o al partido gobernante que a la ley. También cuestionan cómo se llevarán a cabo unas elecciones tan grandes sin que los cárteles de la droga y grupos del crimen organizado presenten a sus propios candidatos.

Este fue otro balde de agua fría para Sheinbaum, que durante toda su carrera política ha sido una protegida de López Obrador y ha prometido continuar con todas las políticas del actual gobierno. Desde que el peso se devaluó tras su victoria en las elecciones del 2 de junio, ella ha caminado por la cuerda floja.

Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, ha defendido los cambios, pero también ha hecho campaña para tranquilizar a los inversionistas extranjeros, reuniéndose con organizaciones crediticias internacionales, líderes de negocios y directores de importantes corporaciones.

A principios de esta semana, Sheinbaum dijo que la reforma al sistema judicial “no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho”, aseguró en sus redes sociales.

Las cámaras de comercio estadounidenses, el embajador de Estados Unidos en México, bancos y analistas financieros han advertido que la reforma presenta riesgos, principalmente, debido a que los jueces electos podrían sentir una mayor lealtad hacia sus electores —o a Morena, el partido gobernante de López Obrador— que hacía la ley.

Por ejemplo, López Obrador ha atacado continuamente y de manera pública a las empresas extranjeras de generación de energía que construyeron en México centrales eléctricas más limpias, debido a que su presencia debilitó el control de la empresa estatal de electricidad, a la que defendió. Además, acusó a las empresas extranjeras de cobrar demasiado por la electricidad.

López Obrador trató de hacer que se aprobara una ley que garantiza a la empresa eléctrica estatal una participación mayoritaria en el mercado y que las plantas construidas por empresas extranjeras fueran las últimas de la fila en la generación de electricidad, pero los tribunales la bloquearon, no porque estén a favor de las empresas extranjeras, sino porque la Constitución mexicana prohíbe crear monopolios.

El titular del Ejecutivo ha convertido el tema en una cuestión de nacionalismo, afirmando que las empresas extranjeras —muchas de ellas españolas— mostraron “la actitud de los conquistadores” que subyugaron y saquearon a México en el siglo XVI. De hecho, las plantas construidas por empresas extranjeras fueron autorizadas porque son menos contaminantes que las instalaciones que son propiedad del Estado mexicano.

En sus declaraciones del viernes, López Obrador confirmó que la nueva reforma judicial —que fue aprobada por el Congreso esta semana— estaba dirigida directamente a casos como el de las empresas generadoras de energía. Afirmó que los opositores a los cambios, incluidos los jueces actuales, deseaban proteger a esas empresas.

La inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, es vital para la economía mexicana. López Obrador concluye su mandato el 30 de septiembre, dejando que Sheinbaum —que tomará posesión al día siguiente— recoja los platos rotos.

En el sistema actual, los jueces y los secretarios de la Corte, que actúan como auxiliares de los ministros, califican poco a poco para puestos más altos con base en sus antecedentes. Sin embargo, según los cambios propuestos, prácticamente cualquier persona con una licenciatura y unos cuantos años de experiencia “en áreas judiciales” podría convertirse en juez mediante el voto popular.

Si se postulan demasiados candidatos, los contendientes finales serán elegidos, esencialmente, sacando sus nombres de un sombrero.

Al partido Morena de López Obrador le falta un escaño para obtener la mayoría de dos tercios que necesita en el Senado para aprobar la propuesta, pero podría reclutar a algún senador de la oposición.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro instó al Senado a eliminar la medida diciendo que “afecta la vida democrática, pone en riesgo los derechos humanos e incumple obligaciones internacionales de México”.

En las últimas semanas, la reforma provocó una ola de protestas realizadas por jueces, empleados de la corte y estudiantes en todo México.

Desde hace mucho tiempo, los tribunales de México se han visto aquejados por la corrupción y la opacidad, pero en los últimos 15 años han sido objeto de reformas que los han vuelto más abiertos y confiables, incluyendo el hecho de cambiar muchos juicios a puerta cerrada y basados en documentos por un formato más abierto y basado en argumentos orales.

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