Emboscada a policía pone en riesgo la búsqueda de personas

La emboscada con explosivos que sufrieron autoridades de Jalisco en donde murieron seis elementos, provocó que las labores de búsqueda de personas se paralizaran.

Un día después del ataque del martes en el estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunció que la participación de la policía en las labores de búsqueda quedaría suspendida temporalmente como medida preventiva, lo que provocó la consternación de los grupos de voluntarios, compuestos en su mayoría por mujeres y madres que buscan a sus seres queridos entre los miles de cuerpos que los grupos criminales intentan ocultar en fosas clandestinas.

Alfaro explicó que la llamada anónima había dado a conocer la ubicación de una supuesta fosa clandestina junto a una carretera en la localidad de Tlajomulco, Jalisco. El cártel enterró dispositivos explosivos improvisados en el camino y los detonó al paso de la caravana policial, causando la muerte de cuatro policías y dos civiles. Los artefactos eran tan potentes que destruyeron cuatro vehículos, hirieron a 14 personas y dejaron cráteres en la carretera.

Se trata de la más reciente afrenta contra los familiares de desaparecidos que, ante la falta de acción de las autoridades y la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, han tomado en sus manos desde hace años la tortuosa labor de buscar sus restos.

Es un trabajo peligroso y agotador. Seis buscadores han sido asesinados en México desde 2021.

Estas mujeres y hombres se enfrentan al calor extremo, un terreno abrupto y un trabajo espeluznante: recorren caminos, llanos y montañas hundiendo varillas de acero en la tierra para detectar el inconfundible hedor de los cuerpos en descomposición que pudieran estar enterrados.

El anuncio de Alfaro indignó a estos colectivos porque Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país —casi 15,000 según cifras oficiales— y los buscadores de la entidad ya tenían una profunda desconfianza en las autoridades, porque no investigaron con rapidez la desaparición de sus hijos y dejaron las labores de investigación a los familiares de las víctimas.

La frustración de Flores es evidente: el 18 de mayo se cumplieron dos años de la desaparición de su hijo, Héctor Daniel Flores Fernández, en Guadalajara, y desde entonces no hay rastros de él.

Ahora los buscadores como él perderán el poco apoyo policial que tenían: caravanas de expertos forenses que salían a exhumar los cuerpos que los buscadores localizaban, una medida necesaria para obtener los análisis forenses con el fin de identificar los restos.

El atentado ilustra la amenaza cada vez más grave y militarizada que los cárteles del narcotráfico en México representan para el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que los cárteles están empezando a utilizar bombas y artefactos explosivos improvisados “constantemente”, y que la incautación de explosivos es frecuente en la región.

Pero el ataque también deja al descubierto un acuerdo tácito entre los grupos criminales y los buscadores, a quienes durante años más o menos les permitieron llevar a cabo su trabajo.

No está del todo claro quién asesinó a los seis buscadores que han muerto desde 2021. Los cárteles han intentado intimidar a estos grupos en otras ocasiones, en particular si acudían a fosas que aún se estaban utilizando.

Durante mucho tiempo, los colectivos han intentado evitar la ira de los cárteles declarando públicamente que no buscan pruebas para llevar a los asesinos ante la justicia, sino que simplemente quieren encontrar a sus hijos.

De hecho, una de las fuentes de información más eficaz para localizar fosas son las pistas proporcionadas por delincuentes.

Ceci Flores, líder de un grupo de búsqueda en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, acaparó titulares el mes pasado cuando pidió públicamente a los cárteles una tregua para que no interfirieran en sus labores. Dijo que varios grupos delictivos han respondido al llamado.

Los delincuentes incluso declararon estar conscientes de que “a lo mejor, en algún momento, los tengamos que buscar a ellos también”.

La idea de la tregua, aunque pudiera parecer ingenua, es obra de la desesperación en un país con más de 110,000 personas desaparecidas y que cuenta con autoridades policiales y forenses desbordadas por la violencia y los restos de más de 50,000 personas sin identificar.

Ceci Flores agregó que la decisión del gobernador de Jalisco “puede parar la búsqueda” pero no detener a mujeres como ella. Uno de sus hijos, Alejandro Guadalupe, desapareció en 2015. Su segundo hijo, Marco Antonio, fue secuestrado en 2019. Las autoridades no le han dicho nada sobre el paradero de ninguno de los dos.

Algunos grupos de búsqueda ponen en duda la versión del gobernador sobre el ataque del martes por la noche, en el que aparentemente se detonaron siete dispositivos a control remoto.

El grupo Madres Buscadoras de Jalisco emitió un comunicado en el que calificó de ilógica la explicación del gobernador.

Héctor Flores señaló que las bombas eran un mensaje para el gobierno y no un ataque a los grupos de búsqueda.

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